Constitución Española de 1812

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA. PROMULGADA EN  CÁDIZ A 19 DE MARZO DE 1812

Don Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Rey

de las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del Reino, nombrada por las

Cortes generales y extraordinarias, a todos los que las presentes vieren y entendieren,

sabed: Que las mismas Cortes han decretado y sancionado la siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA

En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo

legislador de la sociedad.

Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, bien convencidas, después

del más detenido examen y madura deliberación, de que las antiguas leyes

fundamentales de esta Monarquía, acompañadas de las oportunas providencias y

precauciones, que aseguren de un modo estable y permanente su entero cumplimiento,

podrán llenar debidamente el grande objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien

de toda la Nación, decretan la siguiente Constitución política para el buen gobierno y

recta administración del Estado.

TÍTULO PRIMERO 

DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Y DE LOS ESPAÑOLES

CAPÍTULO PRIMERO 

De la Nación española.

Art. 1º. 

La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.

Art. 2º. 

La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna

familia ni persona.

Art. 3º. 

La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta

exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.

Art. 4º. 

La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil,

la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.

CAPÍTULO II 

De los españoles.

Art. 5º. 

Son españoles: Primero. Todos los hombres  libres nacidos y avecindados en los dominios de las

Españas, y los hijos de éstos.

Segundo. Los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes cartas de naturaleza.

Tercero. Los que sin ella lleven diez años de vecindad, ganada según la ley en cualquier

pueblo de la Monarquía.

Cuarto. Los libertos desde que adquieran la libertad en las Españas.

Art. 6º. 

El amor de la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y

asimismo el ser justos y benéficos.

Art. 7º. 

Todo español está obligado a ser fiel a la Constitución, obedecer las leyes y respetar las

autoridades establecidas.

Art. 8º. 

También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción de

sus haberes para los gastos del Estado.

Art. 9º.

Está asimismo obligado todo español a defender la Patria con las armas cuando sea

llamado por la ley.

TÍTULO II 

DEL TERRITORIO DE LAS ESPAÑAS, SU RELIGIÓN Y GOBIERNO, Y DE LOS

CIUDADANOS ESPAÑOLES

CAPÍTULO PRIMERO 

Del territorio de las Españas

Art. 10. 

El territorio español comprende en la Península con sus posesiones e islas adyacentes,

Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla  la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura,

Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y

Valencia, las islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de África. 

En la América septentrional, Nueva España, con la Nueva Galicia y Península de

Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias internas de Occidente,

isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla de Santo Domingo, y la isla

de Puerto Rico con las demás adyacentes a éstas y al continente en uno y otro mar. 

En la América meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincias del

Río de la Plata, y todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico. 

En el Asia, las islas Filipinas, y las que dependen de su gobierno.

Art. 11.  Se hará una división más conveniente del territorio español por una ley constitucional,

luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan.

CAPÍTULO II 

De la religión.

Art. 12. 

La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica,

romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el

ejercicio de cualquiera otra. 

CAPÍTULO III 

Del Gobierno.

Art. 13. 

El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad

política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen.

Art. 14. 

El Gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada hereditaria.

Art. 15. 

La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

Art. 16. 

La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey.

Art. 17. 

La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los Tribunales

establecidos por la ley.

CAPÍTULO IV 

De los ciudadanos españoles

Art. 18. 

Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen  su origen de los

dominios españoles de ambos hemisferios, y están, avecindados en cualquier pueblo de

los mismos dominios.

Art. 19. 

Es también ciudadano el extranjero que gozando ya de los derechos del español,

obtuviere de las Cortes carta especial de ciudadano.

Art. 20. 

Para que el extranjero pueda obtener de las Cortes esta carta, deberá estar casado con

española, y haber traído o fijado en las Españas alguna invención o industria apreciable,

o adquirido bienes raíces por los que pague una contribución directa, o estableciéndose

en el comercio con un capital propio o considerable a juicio de las mismas Cortes, o

hecho servicios señalados en bien y defensa de la Nación. Art. 21. 

Son asimismo ciudadanos los hijos legítimos de los extranjeros domiciliados en las

Españas, que habiendo nacido en los dominios españoles, no hayan salido nunca fuera

sin licencia del Gobierno, y teniendo veintiún años cumplidos, se hayan avecindado en un

pueblo de los mismos dominios, ejerciendo en él alguna profesión, oficio o industria útil.

Art. 22. 

A los españoles que por cualquiera línea son habidos y reputados por originarios del

África, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos: en

su consecuencia, las Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieren servicios

calificados a la Patria, o a los que se distingan por su talento, aplicación y conducta, con

la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos; de que estén

casados con mujer ingenua, y avecindados  en los dominios de las Españas, y de que

ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital propio.

Art. 23. 

Sólo los que sean ciudadanos podrán obtener empleos municipales, y elegir para ellos en

los casos señalados por la ley.

Art. 24. 

La calidad del ciudadano español se pierde:

Primero. Por adquirir naturaleza en país extranjero.

Segundo. Por admitir empleo de otro Gobierno.

Tercero. Por sentencia en que se impongan  penas aflictivas o infamantes, si no se

obtiene rehabilitación.

Cuarto. Por haber residido cinco años consecutivos fuera del territorio español sin

comisión o licencia del Gobierno.

Art. 25. 

El ejercicio de los mismos derechos se suspende:

Primero. En virtud de interdicción judicial por incapacidad física o moral.

Segundo. Por el estado de deudor quebrado, o de deudor a los caudales públicos.

Tercero. Por el estado de sirviente doméstico.

Cuarto. Por no tener empleo, oficio, o modo de vivir conocido.

Quinto. Por hallarse procesado criminalmente.

Sexto. Desde el año de 1830 deberán saber leer y escribir los que de nuevo entren en el

ejercicio de los derechos de ciudadano. Art. 26. 

Sólo por las causas señaladas en los dos artículos precedentes se pueden perder o

suspender los derechos de ciudadano, y no por otras.

TÍTULO III

DE LAS CORTES

CAPÍTULO PRIMERO 

Del modo de formarse las Cortes.

Art. 27. 

Las Cortes son la reunión de todos los Diputados que representan la

Nación, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá.

Art. 28. 

La base para la representación nacional es la misma en ambos hemisferios.

Art. 29. 

Esta base es la población compuesta de  los naturales que por ambas líneas sean

originarios de los dominios españoles,  y de aquellos que hayan obtenido de las Cortes

carta de ciudadano, como también de los comprendidos en el art. 21.

Art. 30. 

Para el cómputo de la población de los dominios europeos servirá el último censo del año

1797, hasta que pueda hacerse otro nuevo; y  se formará el correspondiente para el

cómputo de la población de  los de Ultramar, sirviendo entre tanto los censos más

auténticos entre los últimamente formados.

Art. 31. 

Por cada 70.000 almas de la población, compuesta como queda dicho en el art. 29, habrá

un Diputado de Cortes.

Art. 32. 

Distribuida la población por las diferentes provincias, si resultase en alguna el exceso de

más de 35.000 almas, se elegirá un Diputado más, como si el número llegase a 70.000, y

si el sobrante no excediere de 35.000, no se contará con él.

Art. 33. 

Si hubiese alguna provincia cuya población no llegue a 70.000 almas, pero que no baje

de 35.000, elegirá por sí un Diputado; y si bajare de este número, se unirá a la inmediata

para completar el de 70.000 requerido. Exceptúase de esta regla la isla de Santo

Domingo, que nombrará Diputado, cualquiera que sea su población.

CAPÍTULO II 

Del nombramiento de Diputados de Cortes.

Art. 34. 

Para la elección de los Diputados de Cortes  se celebrarán juntas electorales de

parroquia, de partido y de provincia. CAPÍTULO III 

De las juntas electorales de parroquia.

Art. 35. 

Las juntas electorales de parroquia se compondrán de todos los ciudadanos avecindados

y residentes en el territorio de la parroquia respectiva, entre los que se comprenden los

eclesiásticos seculares.

Art. 36. 

Estas juntas se celebrarán siempre en la Península e islas y posesiones adyacentes, el

primer domingo del mes de Octubre del año anterior al de la celebración de las Cortes.

Art. 37. 

En las provincias de Ultramar se celebrarán el primer domingo del mes de Diciembre,

quince meses antes de la celebración de las Cortes, con aviso que para unas y otras

hayan de dar anticipadamente las justicias.

Art. 38. 

En las juntas de parroquia se nombrará por cada 200 vecinos un elector parroquial.

Art. 39. 

Si el número de vecinos de la parroquia excediese de 300, aunque no llegue a 400, se

nombrarán dos electores; si excediese  de 500, aunque no llegue a  600, se nombrarán

tres, y así progresivamente.

Art. 40. 

En las parroquias cuyo número de vecinos no llegue a 200, con tal que tengan 150, se

nombrará ya un elector, y en aquellas en que no haya este número, se reunirán los

vecinos a los de otra inmediata para nombrar el elector o electores que les correspondan.

Art. 41. 

La junta parroquial elegirá a pluralidad de  votos once compromisarios, para que éstos

nombren el elector parroquial.

Art. 42. 

Si en la junta parroquial hubieren de nombrarse dos electores parroquiales, se elegirán 21

compromisarios, y si tres, 31; sin que en ningún caso se pueda exceder de este número

de compromisarios, a fin de evitar confusión.

Art. 43. 

Para consultar la mayor comodidad de las poblaciones pequeñas, se observará que

aquella parroquia que llegar e a tener 20 vecinos elegirá un compromisario, la que llegue

a tener de 30 a 40, elegirá dos; la que tuviere de 50 a 60, tres, y así progresivamente. Las

parroquias que tuvieren menos de 20 vecinos se unirán, con las más inmediatas para

elegir compromisario.

Art. 44. 

Los compromisarios de las parroquias de las poblaciones pequeñas, así elegidos, se

juntarán en el pueblo más a propósito, y en componiendo el número de 11, o a lo menos

de nueve, nombrarán un elector parroquial, si compusieren el número de 21, o a lo menos de 17, nombrarán dos electores parroquiales, y si fueren 31, y se reuniere a lo menos 25,

nombrarán tres electores o los que correspondan.

Art. 45. 

Para ser nombrado elector parroquial se requiere ser ciudadano, mayor de veinticinco

años, vecino y residente en la parroquia.

Art. 46. 

Las juntas de parroquia serán presididas por el jefe político, o el alcalde de la ciudad, villa

o aldea en que se congregaren, con asistencia del cura párroco para mayor solemnidad

del acto; y si en un mismo pueblo, por razón del número de sus parroquias, se tuvieren

dos o más juntas, presidirá una el jefe político,  o el alcalde, otra el otro alcalde, y los

regidores, por suerte, presidirán las demás.

Art. 47. 

Llegada la hora de la reunión,  que se hará en las Casas consistoriales o en el lugar

donde lo tengan de costumbre, hallándose juntos los ciudadanos que hayan concurrido,

pasarán a la parroquia con su presidente, y en ella se celebrará una misa solemne de

Espíritu Santo por el cura párroco, quien hará un discurso correspondiente a las

circunstancias.

Art. 48. 

Concluida la misa, volverán al lugar de donde salieron, y en él se dará principio a la junta,

nombrando dos escrutadores y un secretario de entre los ciudadanos presentes, todo a

puerta abierta.

Art. 49. 

En seguida preguntará el presidente si algún ciudadano tiene que exponer alguna queja

relativa a cohecho o soborno para que la elección recaiga en determinada persona; y si la

hubiere deberá hacerse justificación pública y verbal en el mismo acto. Siendo cierta la

acusación, serán privados de voz activa y pasiva los que hubieren cometido el delito. Los

calumniadores sufrirán la misma pena; y de este juicio no se admitirá recurso alguno.

Art. 50. 

Si se suscitasen dudas sobre si en alguno de los presentes concurren las calidades

requeridas para poder votar, la misma junta decidirá en el acto lo que le parezca; y lo que

decidiere se ejecutará sin recurso alguno por esta vez y para este solo efecto.

Art. 51. 

Se procederá inmediatamente al nombramiento de los compromisarios; lo que se hará

designando cada ciudadano un número de personas igual al de los compromisarios, para

lo que se acercará a la mesa donde se hallen el presidente, los escrutadores y el

secretario; y éste las escribirá en una lista a su presencia; y en éste y en los demás actos

de elección nadie podrá votarse a sí mismo, bajo la pena de perder el derecho de votar.

Art. 52. 

Concluido este acto, el presidente, escrutadores y secretario reconocerán las listas, y

aquél publicará en alta voz los nombres de los ciudadanos  que hayan sido elegidos

compromisarios por haber reunido mayor número de votos. Art. 53. 

Los compromisarios nombrados se retirarán a un lugar separado antes de disolverse la

junta, y conferenciando entre sí, procederán a nombrar el elector o electores de aquella

parroquia, y quedarán elegidas la persona  o personas que reúnan más de la mitad de

votos. En seguida se publicará en la junta el nombramiento.

Art. 54. 

El secretario extenderá el acta, que con él firmarán el presidente y los compromisarios, y

se entregará copia de ella firmada a la persona o personas elegidas, para hacer constar

su nombramiento.

Art. 55. 

Ningún ciudadano podrá excusarse de estos encargos por motivo ni pretexto alguno.

Art. 56. 

En la junta parroquial ningún ciudadano se presentará con armas.

Art. 57. 

Verificado el nombramiento de electores,  se disolverá inmediatamente la junta, y

cualquier otro acto en que intente mezclarse será nulo.

Art. 58. 

Los ciudadanos que han compuesto la junta se trasladarán a la parroquia, donde se

cantará un solemne Te Deum,  llevando al elector o electores entre el presidente, los

escrutadores y el secretario.

CAPÍTULO IV 

De las juntas electorales de partido.

Art. 59. 

Las juntas electorales de partido se compondrán de los electores parroquiales, que se

congregarán en la cabeza de cada partido, a fin de nombrar el elector o electores que han

de concurrir a la capital de la provincia para elegir los Diputados de Cortes.

Art. 60. 

Estas juntas se celebrarán siempre, en la Península e islas y posesiones adyacentes, el

primer domingo del mes de Noviembre del año anterior al en que han de celebrarse las

Cortes.

Art. 61. 

En las provincias de Ultramar se celebrarán el primer domingo del mes de Enero próximo

siguiente al de Diciembre en que se hubieren celebrado las juntas de parroquia.

Art. 62. 

Para venir en conocimiento del número de electores que haya de nombrar cada partido,

se tendrán presentes las siguientes reglas.

Art. 63. 

El número de electores de partido será triple al de los Diputados que se han de elegir. Art. 64. 

Si el número de partidos de la provincia fuere mayor que el de los electores que se

requieren por el artículo  precedente para el nombramiento de los Diputados que le

correspondan, se nombrará, sin embargo, un elector por cada partido.

Art. 65. 

Si el número de partidos fuere menor que el de los electores que deban nombrarse, cada

partido elegirá uno, dos o más, hasta completar el número que se requiera; pero si faltase

aún un elector, le nombrará el partido de mayor población; si todavía faltase otro, le

nombrará el que le siga en mayor población, y así sucesivamente.

Art. 66. 

Por lo que queda establecido en los artículos 31, 32 y 33, y en los tres artículos

precedentes, el censo determina cuántos Diputados corresponden a cada provincia y

cuántos electores a cada uno de sus partidos.

Art. 67. 

Las juntas electorales de partido serán presididas por el jefe político, o el alcalde primero

del pueblo cabeza de partido, a quien se presentarán los electores parroquiales con el

documento que acredite su elección, para que sean anotados sus nombres en el libro en

que han de extenderse las actas de la junta.

Art. 68. 

En el día señalado se juntarán los electores de parroquia con el presidente de las Salas

consistoriales, a puerta abierta, y comenzarán por nombrar un secretario y dos

escrutadores de entre los mismos electores.

Art. 69. 

En seguida presentarán los electores las certificaciones de su  nombramiento para ser

examinadas por el secretario y escrutadores, quienes deberán al día siguiente informar si

están o no arregladas. Las certificaciones del secretario y escrutadores serán

examinadas por una comisión de tres individuos de la junta, que se nombrará al efecto,

para que informe también en el siguiente día sobre ellas.

Art. 70. 

En este día, congregados los electores parroquiales, se leerán los informes sobre las

certificaciones; y si se hubiere hallado reparo que oponer a alguna  de ellas, o a los

electores, por defecto de algunas de las  calidades requeridas, la junta resolverá

definitivamente y acto continuo  lo que le parezca, y lo que  resolviere se ejecutará sin

recurso.

Art. 71. 

Concluido este acto, pasarán los electores parroquiales con su presidente a la Iglesia

mayor, en donde se cantará una misa solemne de Espíritu Santo por el eclesiástico de

mayor dignidad, el que hará un discurso propio de las circunstancias.

Art. 72. 

Después de este acto religioso, se restituirán a las Casas consistoriales, y ocupando los

electores sus asientos sin preferencia alguna, leerá el secretario este capítulo de la

Constitución, y en seguida hará el presidente la misma pregunta que se contiene en el art. 49, y se observará todo cuanto en él se previene.

Art. 73. 

Inmediatamente después se procederá al nombramiento del elector o electores de

partido, eligiéndolos de uno en  uno, y por escrutinio secreto, mediante cédulas en que

esté escrito el nombre de la persona que cada uno elige.

Art. 74. 

Concluida la votación, el presidente, secretario y escrutadores harán la regulación de los

votos, y quedará elegido el que haya reunido, a lo menos, la mitad de los votos y uno

más, publicando el presidente cada elección. Si ninguno hubiere tenido la pluralidad

absoluta de votos, los dos que hayan tenido el mayor número entrarán en segundo

escrutinio, y quedará elegido el que reúna mayor número de votos, En caso de empate

decidirá la suerte.

Art. 75. 

Para ser elector de partido se requiere ser ciudadano que se halle en el ejercicio de sus

derechos, mayor de veinticinco años, y vecino y residente en el partido, ya sea del estado

seglar, o del eclesiástico secular, pudiendo  recaer la elección en los ciudadanos que

componen la junta, o en los de fuera de ella.

Art. 76. 

El secretario extenderá el acta, que con él firmarán el presidente y escrutadores, y se

entregará copia de ella, firmada por los mismos, a la persona o personas elegidas para

hacer constar su nombramiento. El presidente de esta junta remitirá otra copia, firmada

por él y por el secretario, al presidente de la junta de provincia, donde se hará notoria la

elección en los papeles públicos.

Art. 77. 

En las juntas electorales de partido se observará todo lo que se previene para las juntas

electorales de parroquia en los artículos 55, 56, 57 y 58.

CAPÍTULO V 

De las juntas electorales de provincia.

Art. 78. 

Las juntas electorales de provincia se compondrán de los electores de todos los partidos

de ella, que se congregarán en la capital, a fin de nombrar los Diputados que le

correspondan para asistir a las Cortes como representantes de la Nación.

Art. 79. 

Estas juntas se celebrarán siempre en la Península e islas adyacentes el primer domingo

del mes de Diciembre del año anterior a las Cortes.

Art. 80. 

En las provincias de Ultramar se celebrarán en el domingo segundo del mes de Marzo del

mismo año en que se celebraren las juntas de partido.

Art. 81.  Serán presididas estas juntas por el jefe político de la Capital de provincia, a quien se

presentarán los electores de partido con el documento de su elección, para que sus

nombres se anoten en el libro en que han de extenderse las actas de la junta.

Art. 82. 

En el día señalado se juntarán los electores de partido con el presidente en las Casas

consistoriales, o en el edificio que se tenga por más a  propósito para un acto tan

solemne, a puerta abierta, y comenzarán por nombrar a pluralidad de votos un secretario

y dos escrutadores de entre los mismos electores.

Art. 83. 

Si a una provincia no le cupiere más que un Diputado, concurrirán, a lo menos, cinco

electores para su nombramiento, distribuyendo este número entre los partidos en que

estuviere dividida, o formando partido para este solo efecto.

Art. 84. 

Se leerán los cuatro capítulos de esta Constitución que tratan de las elecciones. Después

se leerán las certificaciones de las actas de las elecciones hechas en las cabezas de

partido, remitidas por los respectivos presidentes, y asimismo presentarán los electores

las certificaciones de su nombramiento,  para ser examinadas por el secretario y

escrutadores, quienes deberán al día siguiente informar si están o no arregladas. Las

certificaciones del secretario y escrutadores serán examinadas por una comisión de tres

individuos de la junta, que se nombrarán al efecto, para que informen también sobre ellas

en el siguiente día.

Art. 85. 

Juntos en él los electores de partido, se leerán los informes sobre las certificaciones, y si

se hubiere hallado reparo que oponer a alguna de ellas, o a los electores por defecto de

alguna de las calidades requeridas, la junta resolverá definitivamente y acto continuo lo

que le parezca, y lo que resolviere se ejecutará sin recurso.

Art. 86. 

En seguida se dirigirán los electores de partido, con su presidente, a la catedral o iglesia

mayor, en donde se cantará una misa solemne de Espíritu Santo, y el Obispo, o en su

defecto el eclesiástico de mayor dignidad, hará un discurso propio de las circunstancias.

Art. 87.

Concluido este acto religioso, volverán al lugar de donde salieron, y a puerta a abierta,

ocupando los electores sus asientos sin preferencia alguna, hará el presidente la misma

pregunta que se contiene en el artículo 49, y se observará cuanto en él se previene.

Art. 88. 

Se procederá en seguida por los electores  que se hallen presentes a la elección del

Diputado o Diputados, y se  elegirán de uno en uno, acercándose a la mesa donde se

halle el presidente, los escrutadores y el secretario, y éste  escribirá en una lista, a su

presencia, el nombre de la persona que cada uno elige. El secretario y los escrutadores

serán los primeros que voten.

Art. 89. 

Concluida la votación, el presidente, secretario y escrutadores harán la regulación de los votos, y quedará elegido aquel que haya reunido, a lo menos, la mitad de los votos y uno

más. Si ninguno hubiere reunido la pluralidad absoluta de votos, los dos que hayan tenido

el mayor número entrarán en  segundo escrutinio, y quedará  elegido el que reúna la

pluralidad. En caso de empate decidirá la suerte, y hecha  la elección de cada uno, la

publicará el presidente.

Art. 90. 

Después de la elección de Diputados se procederá a la de suplentes, por el mismo

método y forma, y su número será en cada provincia la tercera parte de los Diputados

que le correspondan. Si a alguna  provincia no le tocare elegir más que uno o dos

Diputados, elegirá sin embargo, un Diputado suplente. Estos concurrirán a las Cortes

siempre que se verifique la muerte del propietario, o su imposibilidad, a juicio de las

mismas, en cualquier tiempo que uno u otro accidente se verifique después de la

elección.

Art. 91. 

Para ser Diputado a Cortes se requiere ser ciudadano que está en el ejercicio de sus

derechos, mayor de veinticinco años, y que  haya nacido en la provincia o esté

avecindado en ella con residencia, a lo menos, de siete años, bien sea del estado seglar

o del eclesiástico secular; pudiendo recaer la elección en los ciudadanos que componen

la junta, o en los de fuera de ella.

Art. 92. 

Se requiere, además para ser elegido Diputado de Cortes, tener una renta anual

proporcionada, procedente de bienes propios.

Art. 93. 

Suspéndese la disposición del artículo precedente hasta que las Cortes que en adelante

han de celebrarse declaren haber llegado  ya el tiempo de que pueda tener efecto,

señalando la cuota de la renta y la calidad de los bienes de que haya de provenir; y lo que

entonces resolvieren se tendrá por constitucional, como si aquí se hallara expresado.

Art. 94. 

Si sucediere que una misma persona sea elegida por la provincia de su naturaleza y por

la que está avecindada, subsistirá la elección por razón de la vecindad, y por la provincia

de su naturaleza vendrá a las Cortes el suplente a quien corresponda.

Art. 95. 

Los Secretarios del Despacho, los Consejeros de Estado y los que sirven empleos de la

Casa Real no podrán ser elegidos Diputados de Cortes.

Art. 96. 

Tampoco podrá ser elegido Diputado de Cortes ningún extranjero, aunque haya obtenido

de las Cortes carta de ciudadano.

Art. 97. 

Ningún empleado público nombrado por el Gobierno podrá ser elegido Diputado de

Cortes por la provincia en que ejerce su cargo.

Art. 98.  El secretario extenderá el  acta de las elecciones, que con  él firmarán el presidente y

todos los electores.

Art. 99. 

En seguida otorgarán todos los electores sin excusa alguna, a todos y cada uno de los

Diputados, poderes amplios, según la fórmula siguiente, entregándose a cada Diputado

su correspondiente poder para presentarse en las

Cortes.

Art. 100. 

Los poderes estarán concebidos en estos términos:

“En la ciudad o villa de …..a ….. días del mes de ….. del año de ….., en las salas de …..,

hallándose congregados los señores (aquí se pondrán los nombres del presidente y de

los electores de partido que forman la junta electoral de la provincia), dijeron ante mí, el

infrascrito escribano y testigos al efecto convocados, que habiéndose procedido, con

arreglo a la Constitución política de la Monarquía española, al nombramiento de los

electores parroquiales y de partido con todas las solemnidades prescritas por la misma

Constitución, como constaba de las certificaciones que originales obraban en el

expediente, reunidos los expresados electores de los partidos de la provincia de ….. en el

día de ….. del mes de ….. del presente  año, habían hecho el nombramiento de los

Diputados que en nombre y 10 representación de esta provincia han de concurrir a las

Cortes, y que fueron electos por Diputados para ellas por esta provincia los Sres. N.N.N.,

como resulta del acta extendida y firmada por N.N.; que en su consecuencia les otorgan

poderes amplios a todos juntos, y a cada uno de por sí, para cumplir y desempeñar las

augustas funciones de su encargo, y para que con los demás Diputados de Cortes, como

representantes de la Nación española, puedan  acordar y resolver cuanto entendieren

conducente al bien general de ella, en uso  de las facultades que la Constitución

determina, y dentro de los límites que la misma prescribe, sin poder derogar, alterar o

variar en manera alguna  ninguno de sus artículos bajo ningún pretexto, y que los

otorgantes se obligan por sí mismos y a nombre de todos los vecinos de esta provincia,

en virtud de las facultades que les son concedidas como electores nombrados para este

acto, a tener por válido, y obedecer y cumplir cuanto como tales Diputados de Cortes

hicieren, y se resolviere por éstas con arreglo a la Constitución política de la

Monarquía española. Así lo expresaron y otorgaron, hallándose presentes como testigos

N.N., que con los señores otorgantes lo firmaron: de que doy fe”.

Art. 101. 

El presidente, escrutadores y secretario remitirán inmediatamente  copia firmada por los

mismos del acta de las elecciones a la Diputación permanente de las Cortes, y harán que

se publiquen las elecciones por medio de la imprenta, remitiendo un ejemplar a cada

pueblo de la provincia.

Art. 102. 

Para la indemnización de los Diputados se les asistirá por sus respectivas provincias con

las dietas que las Cortes, en el segundo año de cada

Diputación general, señalaren para la Diputación que le ha de suceder, y a los

Diputados de Ultramar se les abonará, además, lo que parezca necesario, a juicio de sus

respectivas provincias, para los gastos de viaje de ida y vuelta. Art. 103. 

Se observará en las juntas electorales de  provincia todo lo que  se prescribe en los

artículos 55, 56, 57 y 58, a excepción de lo que previene el art. 328.

CAPÍTULO VI

De la celebración de las Cortes.

Art. 104. 

Se juntarán las Cortes todos los años en la capital del reino, en edificio destinado a este

solo objeto.

Art. 105. 

Cuando tuvieren por conveniente trasladarse a otro lugar, podrán hacerlo, con tal que sea

a pueblo que no diste de la capital más que doce leguas, y que convengan en la

traslación las dos terceras partes de los Diputados presentes.

Art. 106. 

Las sesiones de las Cortes en cada año durarán tres meses consecutivos, dando

principio el día 1º, del mes de Marzo.

Art. 107. 

Las Cortes podrán prorrogar sus sesiones cuando más por otro mes, en sólo dos casos:

primero, a petición del Rey; segundo, si las Cortes lo  creyeren necesario por una

resolución de las dos terceras partes de los Diputados.

Art. 108. 

Los Diputados se renovarán en su totalidad cada dos años.

Art. 109. 

Si la guerra o la ocupación de alguna parte del territorio de la

Monarquía por el enemigo impidieren que se presenten a tiempo todos o algunos de los

Diputados de una o más provincias, serán suplidos los que falten por los anteriores

Diputados de las respectivas provincias, sorteando entre sí hasta completar el número

que les corresponda.

Art. 110. 

Los Diputados no podrán volver a ser elegidos, sino mediando otra Diputación.

Art. 111. 

Al llegar los Diputados a la capital se presentarán a la Diputación permanente de Cortes,

la que hará sentar sus nombres, y el de la provincia que los ha elegido, en un registro de

la Secretaría de las mismas Cortes.

Art. 112. 

En el año de la renovación de los Diputados se celebrará, el día 15 de Febrero, a puerta

abierta, la primera junta preparatoria, haciendo de Presidente el que lo sea de la

Diputación permanente, y de Secretarios  y escrutadores los que nombre la misma

Diputación de entre los restantes individuos que la componen.

Art. 113.  En esta primera junta presentarán todos los Diputados sus  poderes, y se nombrarán a

pluralidad de votos dos Comisiones, una de  cinco individuos, para que examine los

poderes de todos los Diputados, y otra de tres, para que examine los de estos cinco

individuos de la Comisión.

Art. 114. 

El día 20 del mismo Febrero se celebrará también, a puerta abierta, la segunda junta

preparatoria, en la que las dos Comisiones  informarán sobre la legitimidad de los

poderes, habiendo tenido presentes las copias de las actas de las elecciones

provinciales.

Art. 115. 

En esta junta, y en las demás que sean necesarias hasta el día 25, se resolverán

definitivamente, y a pluralidad de votos, las dudas que se susciten sobre la legitimidad de

los poderes y calidades de los Diputados.

Art. 116. 

En el año siguiente al de  la renovación de los Diputados, se tendrá la primera junta

preparatoria el día 20 de Febrero, y hasta el 25 las que se crean necesarias para

resolver, en el modo y forma que se ha expresado en los tres artículos precedentes,

sobre la legitimidad de los poderes de los Diputados que de nuevo se presenten.

Art. 117. 

En todos los años, el día 25 de Febrero, se celebrará la última junta preparatoria, en la

que se hará por todos los Diputados, poniendo la mano sobre los Santos Evangelios, el

juramento siguiente: ¿Juráis defender y conservar la religión Católica, Apostólica,

Romana, sin admitir otra alguna en el Reino? --R. Sí juro. -- ¿Juráis guardar y hacer

guardar religiosamente la Constitución política de la Monarquía española, sancionada por

las Cortes generales y extraordinarias de la Nación en el año de 1812? –R. Sí juro. --

¿Juráis haberos bien y fielmente en el cargo que la Nación os ha encomendado, mirando

en todo por el bien y prosperidad de la misma Nación? –R. Sí juro. –Si así lo hiciereis,

Dios os lo premie, y si no, os lo demande.

Art. 118. 

En seguida se procederá a elegir de entre los mismos Diputados, por escrutinio secreto y

a pluralidad absoluta de votos, un Presidente, un Vicepresidente y cuatro Secretarios, con

lo que se tendrán por constituidas y formadas las Corte s, y la Diputación permanente

cesará en todas sus funciones.

Art. 119. 

Se nombrará en el mismo día una diputación de 22 individuos, y dos de los Secretarios,

para que pase a dar parte el Rey de hallarse constituidas las

 Cortes, y del Presidente que han elegido, a fin de que manifieste si asistirá a la apertura

de las Cortes que se celebrará el día 1º. De Marzo.

Art. 120. 

Si el Rey se hallare fuera de la capital, se le hará esta participación por escrito, y el Rey

contestará del mismo modo.

Art. 121.  El Rey asistirá por sí mismo a la apertura de las Cortes, y si tuviere impedimento, la hará

el Presidente el día señalado, sin que por ningún motivo pueda diferirse para otro. Las

mismas formalidades se observarán para el acto de cerrarse las Cortes.

Art. 122. 

En la sala de las Cortes entrará el Rey sin guardia, y sólo le acompañarán las personas

que determine el ceremonial para el recibimiento y despedida del Rey que se prescriba

en el reglamento del gobierno interior de las

Cortes.

Art. 123. 

El Rey hará un discurso, en el que propondrá a las Cortes lo que crea conveniente, y al

que el Presidente contestará en términos generales. Si no asistiere el Rey, remitirá su

discurso al Presidente para que por éste se lea en las Cortes.

Art. 124. 

Las Cortes no podrán deliberar en la presencia del Rey.

Art.125. 

En los casos en que los Secretarios del Despacho hagan a las Cortes algunas propuestas

a nombre del Rey, asistirán a las discusiones cuándo y del modo que las Cortes

determinen, y hablarán en ellas; pero no podrán estar presentes a la votación.

Art. 126. 

Las sesiones de las Cortes serán públicas, y sólo en los casos que exijan reserva podrá

celebrarse sesión secreta.

Art. 127. 

En las discusiones de las Cortes, y en todo lo demás que pertenezca a su gobierno y

orden interior, se observará el reglamento  que se forme por estas Cortes generales y

extraordinarias, sin perjuicio de las reformas que las sucesivas tuvieren por conveniente

hacer en él.

Art. 128. 

Los Diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por

ninguna autoridad, podrán ser reconvenidos por  ellas. En las causas criminales que

contra ellos se intentaren, no podrán ser juzgados sino por el Tribunal de Cortes en el

modo y forma que se prescriba en el reglamento del gobierno interior de las mismas.

Durante las sesiones de las  Cortes, y un mes después, los Diputados no podrán ser

demandados civilmente, ni ejecutados por deudas.

Art. 129. 

Durante el tiempo de su Diputación, contado para este efecto desde que el nombramiento

conste en la permanente de Cortes, no podrán los Diputados admitir para sí, ni solicitar

para otro, empleo alguno de provisión del Rey, ni aun ascenso, como no sea de escala en

su respectiva carrera.

Art. 130. 

Del mismo modo no podrán, durante el tiempo de su diputación, y un año después del

último acto de sus funciones, obtener para sí, ni solicitar para otro, pensión ni condecoración alguna que sea también de provisión del Rey.

CAPÍTULO VII

De las facultades de las Cortes.

Art. 131. 

Las facultades de las Cortes son:

Primera. Proponer y decretar las leyes, e interpretarlas y derogarlas en caso necesario.

Segunda. Recibir el juramento al Rey, al Príncipe de Asturias y a la Regencia, como se

previene en sus lugares.

Tercera. Resolver cualquiera duda, de hecho o de derecho, que ocurra en orden a la

sucesión a la Corona.

Cuarta. Elegir Regencia o Regente del Reino cuando lo previene la Constitución, y

señalar las limitaciones con que la Regencia o el Regente han de  ejercer la autoridad

Real.

Quinta. Hacer el reconocimiento público del Príncipe de Asturias.

Sexta. Nombrar tutor al Rey menor, cuando lo previene la Constitución.

Séptima. Aprobar antes de su ratificación  los tratados de alianza ofensiva, los de

subsidios y los especiales de comercio.

Octava. Conceder o negar la admisión de tropas extranjeras en el Reino.

Novena. Decretar la creación  y supresión de plazas en los Tribunales que establece la

Constitución, e igualmente la creación y supresión de los oficios públicos.

Décima. Fijar todos los años, a propuesta del Rey, las fuerzas de tierra y de mar,

determinando las que se hayan  de tener en pie en tiempo de  paz, y su aumento en

tiempo de guerra.

Undécima. Dar ordenanzas al ejército, armada y milicia nacional en todos los ramos que

los constituyen.

Duodécima. Fijar los gastos de la administración pública.

Décimotercera. Establecer anualmente las contribuciones e impuestos.

Décimocuarta. Tomar caudales a préstamo en casos de necesidad sobre el crédito de la

Nación.

Décimoquinta. Aprobar el repartimiento de las contribuciones entre las provincias.

Décimosexta. Examinar y aprobar las cuentas de la inversión de los caudales públicos. Décimoséptima. Establecer las aduanas y aranceles de derechos.

Décimoctava. Disponer lo conveniente para la administración, conservación y

enajenación de los bienes nacionales.

Décimanona. Determinar el valor, pero, ley, tipo y denominación de las monedas.

Vigésima. Adoptar el sistema que se juzgue más cómodo y justo de pesos y medidas.

Vigésimaprima. Promover y fomentar toda especie de industria, y remover los obstáculos

que la entorpezcan.

Vigésimasegunda. Establecer el plan general de enseñanza pública en toda la

Monarquía, y aprobar el que se forme para la educación del Príncipe de Asturias.

Vigésimatercia. Aprobar los reglamentos generales para la policía y sanidad del Reino.

Vigésimacuarta. Proteger la libertad política de la imprenta.

Vigésimaquinta. Hacer efectiva la responsabilidad de los Secretarios del Despacho y

demás empleados públicos.

Vigésimasexta. Por último, pertenece a las  Cortes dar o negar su consentimiento en

todos aquellos casos y actos para los que se previene en la Constitución ser necesario.

CAPÍTULO VIII

De la formación de las leyes y de la sanción Real.

Art. 132. 

Todos Diputado tiene la facultad de proponer a las Cortes los proyectos de ley,

haciéndolo por escrito, y exponiendo las razones en que se funde.

Art. 133. 

Dos días, a lo menos, después  de presentado y leído el proyecto de ley, se leerá por

segunda vez, y las Cortes deliberarán si se admite o no a discusión.

Art. 134. 

Admitido a discusión, si la gravedad del asunto requiriese, a juicio de las Cortes, que

pase previamente a una Comisión, se ejecutará así.

Art. 135. 

Cuatro días, a lo menos, después de admitido a discusión el proyecto, se leerá tercera

vez, y se podrá señalar día para abrir la discusión.

Art. 136. 

Llegado el día señalado para la discusión, abrazará ésta el proyecto en su totalidad, y en

cada uno de sus artículos.

Art. 137. 

Las Cortes decidirán cuándo la materia está suficientemente discutida, y decidido que lo está, se resolverá si ha lugar o no a la votación.

Art. 138. 

Decidido que ha lugar a la votación, se procederá a ella inmediatamente, admitiendo o

desechando en todo o en parte el proyecto, o variándole y modificándole, según las

observaciones que se hayan hecho en la discusión.

Art. 139. 

La votación se hará a pluralidad absoluta de votos, y para proceder a ella, será necesario

que se hallen presentes, a lo menos, la mitad y uno más de la totalidad de los Diputados

que deben componer las Cortes.

Art. 140. 

Si las Cortes desecharen un proyecto de  ley en cualquier estado de su examen, o

resolvieren que no debe procederse a la votación, no podrá volver a proponerse en el

mismo año.

Art. 141. 

Si hubiere sido adoptado, se extenderá por duplicado en forma de ley, y se leerá en las

Cortes; hecho lo cual, y firmados ambos originales por el

Presidente y dos Secretarios, serán presentados inmediatamente al Rey por una

Diputación.

Art. 142. 

El Rey tiene la sanción de las leyes.

Art. 143. 

Da el Rey la sanción por esta fórmula, firmada de su mano:

“Publíquese como ley”.

Art. 144. 

Niega el Rey la sanción por esta fórmula igualmente firmada de su mano: “Vuelva a las

Cortes”; acompañado al mismo tiempo una exposición de las razones que ha tenido para

negarla.

Art. 145. 

Tendrá el Rey treinta días para usar de esta prerrogativa: si dentro de ellos no hubiere

dado o negado la sanción, por el mismo hecho se entenderá que la ha dado, y la dará en

efecto.

Art. 146. 

Dada o negada la sanción por el Rey, devolverá a las Cortes uno de los originales con la

fórmula respectiva, para darse cuenta en ellas. Este original se conservará en el archivo

de las Cortes, y el duplicado quedará en poder del Rey.

Art. 147. 

Si el Rey negare la sanción, no se volverá a tratar del mismo asunto en las Cortes de

aquel año; pero podrá hacerse en las del siguiente. Art. 148. 

Si en las Cortes del siguiente año fuere de  nuevo propuesto, admitido y aprobado el

mismo proyecto, presentado que sea al Rey, podrá dar la sanción, o negarla segunda vez

en los términos de los artículos 143 y 144, y en el último caso, no se tratará del mismo

asunto en aquel año.

Art. 149. 

Si de nuevo fuere por tercera vez propuesto, admitido y aprobado el mismo proyecto en

las Cortes del siguiente año, por el mismo hecho se entiende que el Rey da la sanción, y

presentándosele, la dará en efecto por medio de la fórmula expresada en el art. 143.

Art. 150. 

Si antes de que expire el término de treinta días en que el Rey ha de dar o negar la

sanción, llegare el día en que las Cortes han de terminar sus sesiones, el Rey la dará o

negará en los ocho primeros de las sesiones de las siguientes Cortes, y si este término

pasare sin haberla dado, por esto mismo se entenderá dada, y la dará en efecto en la

forma prescrita; pero si el Rey negare la sanción, podrán estas Cortes tratar del mismo

proyecto.

Art. 151. 

Aunque después de haber negado  el Rey la sanción a un proyecto de ley se pasen

alguno o algunos años sin que se proponga el mismo proyecto, como vuelva a suscitarse

en el tiempo de la misma diputación, que le adoptó por la primera vez, o en el de las dos

diputaciones que inmediatamente la subsigan, se entenderá siempre el mismo proyecto

para los efectos de la sanción del Rey, de que tratan los tres artículos precedentes; pero

si en la duración de las tres diputaciones expresadas no volviere a proponerse, aunque

después se reproduzca en los propios términos, se tendrá por proyecto nuevo para los

efectos indicados.

Art. 152. 

Si la segunda o tercera vez que se propone el proyecto dentro del término que prefija el

artículo precedente, fuere  desechado por las Cortes, en cualquier tiempo que se

reproduzca después, se tendrá por nuevo proyecto.

Art. 153. 

Las leyes se derogan con las mismas formalidades y por los mismos trámites que se

establecen.

CAPÍTULO IX

De la promulgación de las leyes.

Art. 154. 

Publicada la ley en las Cortes, se dará de ello aviso al Rey, para que se proceda

inmediatamente a su promulgación solemne.

Art. 155. 

El Rey, para promulgar las leyes, usará de la fórmula siguiente: N. (el nombre del Rey)

por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía  española, Rey de las

Españas, a todos los que las presentes vieren y entendieren; sabed: Que las Cortes han

decretado, y Nos sancionamos lo  siguiente: (Aquí el texto literal de la ley.) por tanto, mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así

civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y

hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Tendréislo

entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule. (Va dirigida

al Secretario del Despacho respectivo.)

Art. 156. 

Todas las leyes se circularán de mandato del Rey por los respectivos

Secretarios del Despacho directamente a todos y cada uno de los Tribunales

Supremos y de las provincias, y demás jefes y autoridades superiores, que las circularán

a las subalternas.

CAPÍTULO X

De la Diputación permanente de Cortes.

Art. 157. 

Antes de separarse las Cortes nombrarán  una diputación que se llamará Diputación

permanente de Cortes, compuesta de siete individuos de su seno, tres de las provincias

de Europa y tres de las de Ultramar, y el séptimo saldrá por suerte entre un Diputado de

Europa y otro de Ultramar.

Art. 158. 

Al mismo tiempo nombrarán las Cortes dos suplentes para esta diputación, uno de

Europa y otro de Ultramar.

Art. 159. 

La Diputación permanente durará de unas Cortes ordinarias a otras.

Art. 160. 

Las facultades de esta diputación son:

Primera. Velar sobre la observancia de la Constitución y de las leyes, para dar cuenta a

las próximas Cortes de las infracciones que hayan notado.

Segunda. Convocar a Cortes extraordinarias en los casos prescritos por la

Constitución.

Tercera. Desempeñar las funciones que se señalan en los artículos 111 y

112.

Cuarta. Pasar aviso a los Diputados suplentes para que concurran en lugar de los

propietarios; y si ocurriere el fallecimiento o imposibilidad absoluta de propietarios y

suplentes de una provincia, comunicar las correspondientes órdenes a la misma, para

que proceda a nueva elección.

CAPÍTULO XI

De las Cortes extraordinarias.

Art. 161. Las Cortes extraordinarias se compondrán de los mismos Diputados que forman

las ordinarias durante los dos años de su diputación. Art. 162. La Diputación permanente de Cortes las convocará con señalamiento el día en

los tres casos siguientes:

Primero. Cuando vacare la Corona.

Segundo. Cuando el Rey se imposibilitare de cualquiera modo para el gobierno, o quiera

abdicar la Corona en el sucesor; estando autorizada en el primer caso la diputación para

tomar todas las medidas que estime convenientes, a fin de asegurarse de la inhabilidad

del Rey.

Tercero. Cuando en circunstancias críticas y por negocios arduos tuviere el

Rey por conveniente que se congreguen, y lo participare así a la Diputación permanente

de Cortes.

Art. 163. 

Las Cortes extraordinarias no entenderán sino en el objeto para que han sido

convocadas.

Art. 164. 

Las sesiones de las Cortes extraordinarias comenzarán y se terminarán con las mismas

formalidades que las ordinarias.

Art. 165. 

La celebración de las Cortes extraordinarias no estorbará la elección de nuevos

Diputados en el tiempo prescrito.

Art. 166. 

Si las Cortes extraordinarias no hubieren concluido sus sesiones en el día señalado para

la reunión de las ordinarias, cesarán las primeras en sus funciones, y las ordinarias

continuarán el negocio para que aquéllas fueron convocadas.

Art. 167. 

La Diputación permanente de Cortes continuará en las funciones que le están señaladas

en los artículos 111 y 112, en el caso comprendido en el artículo precedente.

TÍTULO IV

DEL REY

CAPÍTULO PRIMERO

De la inviolabilidad del Rey y de su autoridad.

Art. 168. 

La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad.

Art. 169. 

El Rey tendrá el tratamiento de Majestad Católica.

Art. 170. 

La potestad de hacer ejecutar las leyes reside exclusivamente en el Rey, y su autoridad de extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden

público en lo interior, y a la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la

Constitución y a las leyes.

Art. 171. 

Además de la prerrogativa que compete al Rey de sancionar las leyes y promulgarlas, le

corresponden como principales las facultades siguientes:

Primera. Expedir los decretos, reglamentos e instrucciones que crea conducentes para la

ejecución de las leyes.

Segunda. Cuidar de que en todo el reino se administre pronta y cumplidamente la justicia.

Tercera. Declarar la guerra, y hacer y  ratificar la paz, dando después cuenta

documentada a las Cortes.

Cuarta. Nombrar los magistrados de todos los tribunales civiles y criminales, a propuesta

del Consejo de Estado.

Quinta. Proveer todos los empleos civiles y militares.

Sexta. Presentar para todos los obispados y para  todas las dignidades y beneficios

eclesiásticos de real patronato, a propuesta del Consejo de Estado.

Séptima. Conceder honores y distinciones de toda clase, con arreglo a las leyes.

Octava. Mandar los ejércitos y armadas y nombrar los generales.

Novena. Disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como más convenga.

Décima. Dirigir las relaciones diplomáticas  y comerciales con las demás potencias, y

nombrar los embajadores, ministros y cónsules.

Undécima. Cuidar de la fabricación de la  moneda, en la que se pondrá su busto y su

nombre.

Duodécima. Decretar la inversión de los fondos destinados a cada uno de los ramos de la

administración pública.

Décimatercia. Indultar a los delincuentes, con arreglo a las leyes.

Décimacuarta. Hacer a las Cortes las  propuestas de leyes o de reformas que crea

conducentes al bien de la Nación, para que deliberen en la forma prescrita.

Décimaquinta. Conceder el pase, o retener los decretos conciliares y bulas pontificias con

el consentimiento de las Cortes, si contienen disposiciones generales, oyendo al Consejo

de Estado, si versan sobre  negocios particulares o gubernativos, y si contienen puntos

contenciosos, pasando su conocimiento y decisión al Supremo Tribunal de justicia para

que resuelva con arreglo a las leyes. Décimasexta. Nombrar y separar libremente los Secretarios de Estado y del

Despacho. 

Art. 172. 

Las restricciones de la autoridad del Rey son las siguientes:

Primera. No puede el Rey impedir, bajo ningún pretexto, la celebración de las Cortes en

las épocas y casos señalados por la Constitución, ni suspenderlas ni disolverlas, ni en

manera alguna embarazar sus sesiones y deliberaciones. Los que le aconsejasen o

auxiliasen en cualquier tentativa para estos  actos, son declarados traidores y serán

perseguidos como tales.

Segunda. No puede el Rey ausentarse del Reino sin consentimiento de las

Cortes, y si lo hiciere, se entiende que ha abdicado la Corona.

Tercera. No puede el Rey enajenar, ceder, renunciar, o en cualquiera manera traspasar a

otro la autoridad real, ni alguna de sus prerrogativas. Si por cualquiera causa quisiere

abdicar el trono en el inmediato sucesor, no lo podrá hacer sin el consentimiento de las

Cortes.

Cuarta. No puede el Rey enajenar, ceder o permutar provincia, ciudad, villa o lugar, ni

parte alguna, por pequeña que sea, del territorio español.

Quinta. No puede el Rey hacer alianza ofensiva, ni tratado especial de comercio con

ninguna potencia extranjera, sin el consentimiento de las Cortes.

Sexta. No puede tampoco obligarse por ningún tratado a dar subsidios a ninguna

potencia extranjera sin el consentimiento de las Cortes.

Séptima. No puede el Rey ceder ni enajenar los bienes nacionales sin consentimiento de

las Cortes.

Octava. No puede el Rey imponer por sí, directa ni indirectamente, contribuciones, ni

hacer pedidos bajo cualquier nombre o para cualquier objeto que sea, sino que siempre

los han de decretar las Cortes.

Novena. No puede el Rey conceder privilegio exclusivo a persona ni corporación alguna.

Décima. No puede el Rey tomar la propiedad  de ningún particular ni corporación, ni

turbarle en la posesión, uso y aprovechamiento de ella, y si en algún caso fuere necesario

para un objeto de conocida utilidad común tomar la propiedad de un  particular, no lo

podrá hacer sin que al mismo tiempo sea indemnizado y se le dé el buen cambio a bien

vista de hombres buenos.

Undécima. No puede el Rey privar a ningún individuo de su libertad, ni imponerle por sí

pena alguna. El Secretario del  Despacho que firme la orden, y  el Juez que la ejecute,

serán responsables a la Nación, y castigados como reos de atentado contra la libertad

individual. Sólo en caso de que el bien y seguridad del Estado exijan el arresto de alguna

persona, podrá el Rey expedir órdenes al efecto; pero con la condición de que dentro de

cuarenta y ocho horas deberá hacerla entregar a disposición del tribunal o juez competente.

Duodécima. El Rey, antes de contraer matrimonio, dará parte a las Cortes, para obtener

su consentimiento, y si no lo hiciere, entiéndese que abdica la Corona.

Art. 173. 

El Rey, en su advenimiento al trono, y si fuere menor, cuando entre a gobernar el Reino,

prestará juramento ante las Cortes bajo la fórmula siguiente:

“N. (aquí su nombre), por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía

española, Rey de las Españas; juro por Dios y por los Santos Evangelios que defenderé y

conservaré la religión Católica, Apostólica, Romana, sin permitir otra alguna en el Reino;

que guardaré y haré guardar la Constitución política y leyes de la Monarquía española, no

mirando en cuanto hiciere sino al bien y provecho de ella; que no enajenaré, cederé ni

desmembraré parte alguna del Reino; que  no exigiré jamás cantidad alguna de frutos,

dinero ni otra cosa, sino las que hubieren decretado las Cortes; que no tomaré jamás a

nadie su propiedad, y que respetaré sobre todo la libertad política de la Nación y la

personal de cada individuo; y si en lo que he jurado, o parte de ello, lo contrario hiciere,

no debo ser obedecido, antes aquello en que contraviniere, sea nulo y de ningún valor.

Así, Dios me ayude y sea en mi defensa, y si no, me lo demande.”

CAPÍTULO II

De la sucesión a la corona

Art. 174. 

El Reino de las Españas es indivisible,  y sólo se sucederá en el trono perpetuamente

desde la promulgación de la Constitución  por el orden regular  de primogenitura y

representación entre los descendientes legítimos, varones y hembras, de las líneas que

se expresarán.

Art. 175. 

No pueden ser Reyes de las Españas sino los que sean hijos legítimos habidos en

constante y legítimo matrimonio.

Art. 176. 

En el mismo grado y línea los  varones prefieren a las hembras, y siempre el mayor al

menor; pero las hembras de mejor línea, o de mejor grado en la misma línea, prefieren a

los varones de línea o grado posterior.

Art. 177. 

El hijo o hija del primogénito del Rey, en el caso de morir su padre sin haber entrado en la

sucesión del Reino, prefiere a los tíos, y sucede inmediatamente al abuelo por derecho de

representación.

Art. 178. 

Mientras no se extingue la línea en que está radicada la sucesión, no entra la inmediata.

Art. 179. 

El Rey de las Españas es el Señor Don Fernando VII de Borbón, que actualmente reina. Art. 180. 

A falta del Señor Don Fernando VII de Borbón, sucederán sus descendientes legítimos,

así varones como hembras; a falta de éstos, sucederán sus hermanos, y tíos hermanos

de su padre, así varones como hembras, y los descendientes legítimos de éstos por el

orden que queda prevenido, guardando en todos el derecho de representación y la

preferencia de las líneas anteriores a las posteriores.

Art. 181. 

Las Cortes deberán excluir de la sucesión aquella persona o personas que sean

incapaces para gobernar, o hayan hecho cosa por que merezcan perder la Corona.

Art. 182. 

Si llegaren a extinguirse todas las líneas que aquí se señalan, las Cortes harán nuevos

llamamientos, como vean que más importa a  la Nación, siguiendo  siempre el orden y

reglas de suceder aquí establecidas.

Art. 183. 

Cuando la Corona haya de recaer inmediatamente o haya recaído en hembra, no podrá

ésta elegir marido sin consentimiento de las Cortes, y si lo contrario hiciere, se entiende

que abdica la Corona. 

Art. 184. 

En el caso en que llegue a reinar una hembra, su marido no tendrá autoridad ninguna

respecto del Reino, ni parte alguna en el Gobierno.

CAPÍTULO III

De la menor edad del Rey, y de la Regencia.

Art. 185. 

El Rey es menor de edad hasta los diez y ocho años cumplidos.

Art. 186. 

Durante la menor edad del Rey será gobernado el Reino por una Regencia.

Art. 187. 

Lo será igualmente cuando el Rey se halle  imposibilitado de ejercer su autoridad por

cualquier causa física o moral.

Art. 188. 

Si el impedimento del Rey pasare de dos años, y el sucesor inmediato fuere mayor de

diez y ocho, las Cortes podrán nombrarle Regente del Reino en lugar de la Regencia.

Art. 189. 

En los casos en que vacare la Corona, siendo el Príncipe de Asturias menor de edad,

hasta que se junten las Cortes extraordinarias, si no se hallaren reunidas las ordinarias, la

Regencia provisional se compondrá de la Reina madre, si la hubiere, de dos Diputados

de la Diputación permanente de las Cortes, los más antiguos por orden de su elección en

la diputación, y de dos Consejeros del

Consejo de Estado, los más antiguos, a saber: el decano y el que le siga, si no hubiere

Reina madre, entrará en la Regencia el Consejero de Estado tercero en antigüedad. Art. 190. 

La Regencia provisional será presidida por la Reina madre, si la hubiere, y, en su defecto,

por el individuo de la Diputación permanente de Cortes que sea primer nombrado en ella.

Art. 191. 

La Regencia provisional no despachará otros negocios que los que no admitan dilación, y

no removerá ni nombrará empleados sino interinamente.

Art. 192. 

Reunidas las Cortes extraordinarias, nombrarán una Regencia, compuesta de tres o cinco

personas.

Art. 193. 

Para poder ser individuo de la Regencia se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus

derechos, quedando excluidos los extranjeros, aunque tengan carta de ciudadanos.

Art. 194. 

La Regencia será presidida por aquel de  sus individuos que las Cortes designaren,

tocando a éstas establecer, en caso necesario, si ha de haber o no turno en la

presidencia, y en qué términos.

Art. 195. 

La Regencia ejercerá la autoridad del Rey en los términos que estimen las Cortes.

Art. 196. 

Una y otra Regencia prestarán juramento según la fórmula prescrita en el artículo 173,

añadiendo la cláusula de que serán fieles al Rey, y la Regencia permanente añadirá,

además, que observará las condiciones que le  hubieren impuesto las Cortes para el

ejercicio de su autoridad, y que cuando llegue el Rey a ser mayor, o cese la imposibilidad,

le entregará el Gobierno del Reino, bajo la pena, si un momento lo dilata, de ser sus

individuos habidos y castigados como traidor es.

Art. 197. 

Todos los actos de la Regencia se publicarán en nombre del Rey.

Art. 198. 

Será tutor del Rey menor la persona que  el Rey difunto hubiere nombrado en su

testamento. Si no lo hubiere nombrado, será tutora la Reina madre, mientras permanezca

viuda. En su defecto, será nombrado el tutor por las Cortes. En el primero y tercer caso,

el tutor deberá ser natural del Reino.

Art. 199. 

La Regencia cuidará de  que la educación del Rey menor sea la más conveniente al

grande objeto de su alta dignidad, y que se desempeñe conforme al plan que aprobaren

las Cortes.

Art. 200. 

Estas señalarán el sueldo que hayan de gozar los individuos de la Regencia.

CAPÍTULO IV

De la familia Real y del reconocimiento del Príncipe de Asturias.

Art. 201. 

El hijo primogénito del Rey se titulará Príncipe de Asturias.

Art. 202. 

Los demás hijos e hijas del Rey serán y se llamarán Infantes de las

Españas.

Art. 203. 

Asimismo serán y se llamarán Infantes de las Españas los hijos e hijas del Príncipe de

Asturias.

Art. 204. 

A estas personas precisamente estará limitada la calidad de Infante de las Españas, sin

que pueda extenderse a otras.

Art. 205. 

Los Infantes de las Españas gozarán de las distinciones y honores que han tenido hasta

aquí, y podrán ser nombrados para toda clase de destinos, exceptuados los de judicatura

y la diputación de Cortes.

Art. 206. 

El Príncipe de Asturias no podrá salir del Reino sin consentimiento  de las Cortes, y si

saliere sin él, quedará por el mismo hecho excluido del llamamiento a la Corona.

Art. 207. 

Lo mismo se entenderá, permaneciendo fuera del Reino por más tiempo que el reflejado

en el permiso, si requerido para que vuelva, no lo verificare dentro del término que las

Cortes señalen.

Art. 208. 

El Príncipe de Asturias, los Infantes e Infantas y sus hijos y descendientes que sean

súbditos del Rey, no podrán contraer matrimonio sin su consentimiento y el de las Cortes,

bajo la pena de ser excluido del llamamiento a la Corona.

Art. 209. 

De las partidas de nacimiento, matrimonio y muerte de todas las personas de la familia

Real, se remitirá una copia auténtica a las Cortes, y en su defecto a la Diputación

permanente, para que se custodie en su archivo.

Art. 210. 

El Príncipe de Asturias será reconocido  por las Cortes con las formalidades que

prevendrá el reglamento del Gobierno interior de ellas.

Art. 211. 

Este reconocimiento se hará en las primeras Cortes que se celebren después de su nacimiento.

Art. 212. 

El Príncipe de Asturias, llegando a la edad de catorce años, prestará juramento ante las

Cortes bajo la fórmula siguiente: “N. (aquí el nombre), Príncipe de Asturias, juro por Dios

y por los Santos Evangelios, que defenderé y conservaré la religión Católica, Apostólica,

Romana, sin permitir otra alguna en el Reino; que guardaré la Constitución política de la

Monarquía española, y que seré fiel y obediente al Rey. Así, Dios me ayude.”

CAPÍTULO V

De la dotación de la familia Real

Art. 213. 

Las Cortes señalarán al Rey la dotación anual de su casa, que sea correspondiente a la

alta dignidad de su persona.

Art. 214. 

Pertenecen al Rey todos los Palacios Reales que han disfrutado sus predecesores, y las

Cortes señalarán los terrenos que tengan por conveniente reservar para el recreo de su

persona.

Art. 215. 

Al Príncipe de Asturias, desde el día de su nacimiento, y a los

Infantes e Infantas, desde que cumplan siete años de edad, se asignará por las Cortes,

para sus alimentos, la cantidad anual correspondiente a su respectiva dignidad. 

Art. 216. 

A las Infantas, para cuando casaren, señalarán  las Cortes la cantidad que estimen en

calidad de dote, y entregada ésta, cesarán los alimentos anuales.

Art. 217. 

A los Infantes, si casaren mientras residan en las Españas, se les continuarán los

alimentos que les estén asignados, y si casaren y residieren fuera, cesarán los alimentos,

y se les entregará por una vez la cantidad que las Cortes señalen.

Art. 218. 

Las Cortes señalarán los alimentos anuales que hayan de darse a la

Reina viuda. 

Art. 219. Los sueldos de los individuos de  la Regencia se tomarán de la dotación

señalada a la casa del Rey.

Art. 220. La dotación de la casa del Rey y los alimentos de su familia, de que hablan los

artículos precedentes, se señalarán por las Cortes al principio de cada reinado, y no se

podrán alterar durante él.

Art. 221. Todas estas asignaciones son de cuenta de la tesorería  nacional, por la que

serán satisfechas al administrador que el Rey nombrare, con el cual se entenderán las

acciones activas y pasivas que por razón de intereses puedan promoverse.

CAPÍTULO VI De los Secretarios de Estado y del Despacho.

Art. 222. 

Los Secretarios del Despacho serán siete, a saber:

El Secretario del Despacho del Estado.

El Secretario del Despacho  de la Gobernación del Reino  para la Península e islas

adyacentes.

El Secretario del Despacho de la Gobernación del Reino para Ultramar.

El Secretario del Despacho de Gracia y Justicia.

El Secretario del Despacho de Hacienda.

El Secretario del Despacho de Guerra.

El Secretario del Despacho de Marina.

Las Cortes sucesivas harán en este sistema  de Secretarías del Despacho la variación

que la experiencia o las circunstancias exijan.

Art. 223. 

Para ser Secretario de Despacho se requiere ser ciudadano  en el ejercicio de sus

derechos, quedando excluidos los extranjeros, aunque tengan carta de ciudadanos.

Art. 224. 

Por un reglamento particular aprobado por las Cortes se señalarán a cada Secretaría los

negocios que deban pertenecerle.

Art. 225. 

Todas las órdenes del Rey deberán ir firmadas por el Secretario del

Despacho del ramo a que el asunto corresponda.

Ningún Tribunal ni persona pública dará cumplimiento a la orden que carezca de este

requisito.

Art. 226. 

Los Secretarios del Despacho serán responsables a las Cortes de las órdenes que

autoricen contra la Constitución o las leyes, sin que les sirva de excusa haberlo mandado

el Rey.

Art. 227. 

Los Secretarios de Despacho formarán los presupuestos anuales de  los gastos de la

Administración pública, que se estime deban hacerse por su respectivo ramo, y rendirán

cuentas de los que se hubieren hecho, en el modo que se expresará. 

Art. 228. 

Para hacer efectiva la responsabilidad de los Secretarios del Despacho, decretarán ante todas cosas las Cortes que ha lugar a la formación de causa.

Art. 229. 

Dado este decreto, quedará suspenso el Secretario del Despacho, y las Cortes remitirán

al Tribunal Supremo de Justicia todos los documentos concernientes a la causa que haya

de formarse por el mismo Tribunal, quien la sustanciará y decidirá con arreglo a las leyes.

Art. 230. 

Las Cortes señalarán el sueldo que deban gozar los Secretarios del

Despacho durante su encargo.

CAPÍTULO VII

Del Consejo de Estado.

Art. 231. 

Habrá un Consejo de Estado compuesto de cuarenta individuos, que sean ciudadanos en

el ejercicio de sus derechos, quedando excluidos los extranjeros, aunque tengan carta de

ciudadanos.

Art. 232. 

Estos serán precisamente en la forma siguiente, a saber: cuatro eclesiásticos, y no más,

de conocida y probada ilustración y merecimiento, de los cuales dos serán Obispos;

cuatro Grandes de España, y no más, adornados de las virtudes, talento y conocimientos

necesarios, y los restantes serán elegidos de entre los sujetos que más se hayan

distinguido por su ilustración y conocimientos, o por sus señalados servicios en alguno de

los principales ramos de la administración y gobierno del Estado. Las Cortes no podrán

proponer para estas plazas a ningún individuo que sea Diputado de Cortes al tiempo de

hacerse la elección. De los individuos del Consejo de Estado, doce, a lo menos, serán

nacidos en las provincias de Ultramar.

Art. 233. 

Todos los Consejeros de Estado serán nombrados por el Rey, a propuesta de las Cortes.

Art. 234. 

Para la formación de este Consejo se dispondrá en las Cortes una lista triple de todas las

clases referidas, en la proporción indicada, de la cual el Rey elegirá los cuarenta

individuos que han de componer el Consejo de Estado, tomando los eclesiásticos de la

lista de su clase, los Grandes de la suya, y así los demás. 

Art. 235. 

Cuando ocurriere alguna vacante en el Consejo de Estado, las Cortes primeras que se

celebren presentarán al Rey tres personas de la clase que se hubiere verificado, para que

elija la que le pareciere. 

Art. 236. 

El Consejo de Estado es el único Consejo del Rey que oirá su dictamen en los asuntos

graves gubernativos, y señaladamente para dar o negar la sanción a las leyes, declarar la

guerra y hacer los tratados.

Art. 237.  Pertenecerá a este Consejo hacer al Rey la propuesta por ternas para la presentación de

todos los beneficios eclesiásticos y para la provisión de las plazas de judicatura.

Art. 238. 

El Rey formará un reglamento para el  gobierno del Consejo de Estado, oyendo

previamente al mismo; y se presentará a las Cortes para su aprobación.

Art. 239. 

Los Consejeros de Estado no podrán ser removidos sin causa justificada ante el Tribunal

Supremo de Justicia. 

Art. 240. 

Las Cortes señalarán el sueldo que deban gozar los Consejeros de Estado.

Art. 241. 

Los Consejeros de Estado, al tomar posesión de sus plazas, harán en manos del Rey

juramento de guardar la Constitución, ser fieles al Rey, y aconsejarle lo que entendieren

ser conducente al bien de la Nación, sin mira particular ni interés privado.

TÍTULO V

DE LOS TRIBUNALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LO CIVIL Y EN LO

CRIMINAL 

CAPÍTULO PRIMERO

De los Tribunales.

Art. 242. 

La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece

exclusivamente a los Tribunales.

Art. 243. 

Ni las Cortes ni el Rey podrán  ejercer en ningún caso las funciones judiciales, avocar

causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos.

Art. 244. 

Las leyes señalarán el orden y las formalidades del proceso, que serán uniformes en

todos los Tribunales, y ni las Cortes ni el Rey podrán dispensarlas. 

Art. 245. 

Los Tribunales no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute

lo juzgado.

Art. 246. 

Tampoco podrán suspender la ejecución de las leyes ni hacer reglamento alguno para la

administración de justicia.

Art. 247. 

Ningún español podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna Comisión,

sino por el tribunal competente, determinado con anterioridad por la ley. Art. 248. 

En los negocios comunes, civiles y criminales no habrá más que un solo fuero para toda

clase de personas.

Art. 249. 

Los eclesiásticos continuarán gozando del fuero de su estado, en los términos que

prescriben las leyes o que en adelante prescribieren. 

Art. 250. 

Los militares gozarán también de fuero particular, en los términos que previene la

ordenanza o en adelante previniere.

Art. 251. 

Para ser nombrado magistrado o juez se requiere haber nacido en el territorio español, y

ser mayor de veinticinco años. Las demás  calidades que respectivamente deban éstos

tener, serán determinadas por las leyes. 

Art. 252. 

Los magistrados y jueces no podrán ser depuestos en sus destinos, sean temporales o

perpetuos, sino por causa legalmente probada y sentenciada,  ni suspendidos, sino por

acusación legalmente intentada.

Art. 253.

Si al Rey llegaren quejas contra algún magistrado, y formado expediente, parecieren

fundadas, podrá, oído el Consejo de Estado, suspenderle, haciendo pasar

inmediatamente el expediente  al Supremo Tribunal de Justicia, para que juzgue con

arreglo a las leyes.

Art. 254. 

Toda falta de observancia de las leyes que arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal,

hace responsables personalmente a los jueces que la cometieren. 

Art. 255. 

El soborno, el cohecho y la prevaricación de los magistrados y jueces producen acción

popular contra los que los cometan.

Art. 256. 

Las Cortes señalarán a los magistrados y jueces de letras una dotación competente.

 

Art. 257. 

La justicia se administrará  en nombre del Rey, y  las ejecutorias y provisiones de los

Tribunales superiores se encabezarán también en su nombre.

Art. 258. 

El Código civil y criminal y el de comercio serán unos mismos para toda la Monarquía, sin

perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes.

Art. 259. 

Habrá en la Corte un Tribunal, que se llamará Supremo Tribunal de

Justicia.  Art. 260. 

Las Cortes determinarán el número de magistrados que han de componerle, y las Salas

en que ha de distribuirse. 

Art. 261. 

Toca a este Supremo Tribunal:

Primero. Dirimir todas las competencias de las Audiencias entre sí en todo el territorio

español, y las de las Audiencias con los Tribunales especiales, que existan en la

Península e islas adyacentes. En Ultramar se dirimirán estas últimas según lo

determinaren las leyes.

Segundo. Juzgar a los Secretarios de Estado y del Despacho, cuando las Cortes

decretaren haber lugar a la formación de causa. 

Tercero. Conocer de todas las causas de separación y suspensión de los consejeros de

Estado y de los magistrados de las Audiencias.

Cuarto. Conocer de todas las causas criminales de los Secretarios de Estado y del

Despacho, de los consejeros de Estado  y de los magistrados de las Audiencias,

perteneciendo al jefe político más autorizado la instrucción del proceso para remitirlo a

este Tribunal.

Quinto. Conocer de todas las causas criminales que se promovieren contra los individuos

de este Supremo Tribunal. Si llegare el caso en que sea necesario hacer efectiva la

responsabilidad de este Supremo Tribunal, las Cortes, previa la formalidad establecida en

el artículo 228, procederán a  nombrar para este fin un Tribunal compuesto de nueve

jueces, que serán elegidos por suerte de un número doble.

Sexto. Conocer de la residencia de todo empleado público que esté sujeto a ella por

disposición de las leyes.

Séptimo. Conocer de todos los asuntos contenciosos pertenecientes al Real patronato.

Octavo. Conocer de los recursos de fuerza de todos los Tribunales eclesiásticos

superiores de la Corte. 

Noveno. Conocer de los recursos de nulidad que se interpongan contra las sentencias

dadas en última instancia para el preciso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo, y

hacer efectiva la responsabilidad de que trata el art. 254. Por lo relativo a Ultramar, de

estos recursos se conocerá en las Audiencias en la forma que se dirá en su lugar.

Décimo. Oír las dudas de los demás Tribunales  sobre la inteligencia de alguna ley, y

consultar sobre ellas al Rey con los fundamentos que hubiere,  para que promueva la

conveniente declaración en las Cortes.

Undécimo. Examinar las listas de las causas civiles y criminales, que deben remitirle las

Audiencias para promover la pronta administración de justicia, pasar copia de ellas para

el mismo efecto al Gobierno, y disponer su publicación por medio de la imprenta. Art. 262. 

Todas las causas civiles y criminales se fenecerán dentro del territorio de cada Audiencia.

Art. 263. 

Pertenecerá a las Audiencias conocer de todas las causas civiles de los Juzgados

inferiores de su demarcación en segunda y tercera instancia, y lo mismo de las

criminales, según lo determinen las leyes;  y también de las causas de suspensión y

separación de los jueces inferiores de su territorio, en el modo que prevengan las leyes,

dando cuenta al Rey.

Art. 264. 

Los magistrados que hubieren fallado en la segunda instancia, no podrán asistir a la vista

del mismo pleito en la tercera.

Art. 265. 

Pertenecerá también a las Audiencias conocer de las competencias entre todos los

jueces subalternos de su territorio.

Art. 266. 

Les pertenecerá asimismo conocer de los recursos de fuerza que se introduzcan, de los

Tribunales y autoridades eclesiásticas de su territorio.

Art. 267. 

Les corresponderá también recibir de todos los jueces subalternos de su territorio avisos

puntuales de las causas que se formen por delitos, y listas de las causas civiles y

criminales pendientes en su Juzgado, con expresión del estado de unas y otras, a fin de

promover la más pronta administración de justicia.

Art. 268. 

A las Audiencias de Ultramar les corresponderá además el conocer de los recursos de

nulidad, debiendo éstos interponerse, en aquellas Audiencias que tengan suficiente

número para la formación de tres Salas,  en la que no haya conocido de la causa en

ninguna instancia. En las Audiencias que no consten de este número de ministros, se

interpondrán estos recursos de una a otra  de las comprendidas en  el distrito de una

misma gobernación superior; y en el caso de que en éste no hubiere más que una

Audiencia, irán a la más inmediata de otro distrito.

Art. 269. 

Declarada la nulidad, la Audiencia que ha conocido de ella dará cuenta, con testimonio

que contenga los insertos convenientes, al  Supremo Tribunal de Justicia, para hacer

efectiva la responsabilidad de que trata el art. 254.

Art. 270. 

Las Audiencias remitirán cada año al Supremo Tribunal de Justicia listas exactas de las

causas civiles, y cada seis meses de las criminales, así fenecidas como pendientes, con

expresión del estado que  éstas tengan, incluyendo las que hayan recibido de los

Juzgados inferiores.

Art. 271. 

Se determinará por leyes y reglamentos especiales el número de los magistrados de las Audiencias, que no podrán ser menos de siete, la forma de  estos Tribunales y el lugar de

su residencia.

Art. 272. 

Cuando llegue el caso de hacerse la conveniente división del  territorio español, indicada

en el artículo 11, se determinará con respecto a ella el número de Audiencias que han de

establecerse, y se les señalará territorio.

Art. 273. 

Se establecerán partidos proporcionalmente iguales, y en cada cabeza de partido habrá

un juez de letras con un Juzgado correspondiente.

Art. 274. 

Las facultades de estos jueces se limitarán precisamente a  lo contencioso, y las leyes

determinarán las que han de pertenecerles en la capital y pueblos de su partido, como

también hasta de qué cantidad podrán conocer en los negocios civiles sin apelación.

Art. 275. 

En todos los pueblos se establecerán alcaldes, y las leyes determinarán la extensión de

sus facultades, así en lo contencioso como en lo económico.

Art. 276. 

Todos los jueces de los Tribunales inferiores deberán dar cuenta, a más tardar dentro de

tercero día, a su respectiva Audiencia de las causas que se formen por delitos cometidos

en su territorio, y después continuarán dando cuenta de su estado en las épocas que la

Audiencia les prescriba.

Art. 277. 

Deberán asimismo remitir a la Audiencia respectiva listas generales cada seis meses de

las causas civiles, y cada tres de las criminales, que pendieren en sus Juzgados, con

expresión de su estado.

Art. 278. 

Las leyes decidirán si ha de haber Tribunales especiales para conocer de determinados

negocios.

Art. 279. 

Los magistrados y jueces al tomar posesión de sus plazas, jurarán guardar la

Constitución, ser fieles al Rey, observar las leyes y administrar imparcialmente la justicia.

CAPÍTULO II

De la administración de justicia en lo civil.

Art. 280. 

No se podrá privar a ningún español del derecho de terminar sus diferencias por medio

de jueces árbitros, elegidos por ambas partes. 

Art. 281. 

La sentencia que dieren los árbitros se ejecutará si las partes, al hacer el compromiso, no se hubieren reservado el derecho de apelar.

Art. 282. 

El alcalde de cada pueblo ejercerá en él el oficio de  conciliador, y el que tenga que

demandar por negocios civiles o por injurias, deberá presentarse a él con este objeto.

Art. 283. 

El alcalde, con dos hombres buenos, nombrados uno por cada parte, oirá al demandante

y al demandado, se enterará de las razones en que respectivamente apoyen su intención,

y tomará oído el dictamen de los dos asociados, la providencia que le parezca propia

para el fin de terminar el litigio sin más progreso, como se  terminará, en efecto, si las

partes se aquietan con esta decisión extrajudicial.

Art. 284. 

Sin hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliación, no se entablará pleito

alguno.

Art. 285. 

En todo negocio, cualquiera que sea su cuantía, habrá lo más tres instancias y tres

sentencias definitivas pronunciadas en ellas. Cuando la tercera instancia se interponga de

dos sentencias conformes, el número de jueces que haya de decidirla deberá ser mayor

que el que asistió a la vista de la segunda, en la forma que lo disponga la ley. A ésta toca

también determinar, atendida la entidad de los negocios y la naturaleza y calidad de los

diferentes juicios, qué sentencia ha de ser la que en cada uno deba causar ejecutoria.

CAPÍTULO III

De la administración de justicia en lo criminal.

Art. 286. 

Las leyes arreglarán la administración de justicia en lo criminal de manera que el proceso

sea formado con brevedad y sin vicios, a fin  de que los  delitos sean prontamente

castigados.

Art. 287. 

Ningún español podrá ser preso sin que preceda información sumaria del hecho por el

que merezca, según la ley, ser castigado con pena corporal, y asimismo un mandamiento

del juez por escrito, que se le notificará en el acto mismo de la prisión.

Art. 288. 

Toda persona deberá obedecer estos mandamientos: cualquiera resistencia será

reputada delito grave.

Art. 289. 

Cuando hubiere resistencia o se temiere la fuga, se podrá usar de la fuerza para asegurar

la persona.

Art. 290. 

El arrestado, antes de ser puesto en prisión, será presentado al juez, siempre que no

haya cosa que lo estorbe, para que le reciba declaración; mas, si esto no pudiere

verificarse, se le conducirá a la cárcel en  calidad de detenido, y el juez le recibirá la declaración dentro de las veinticuatro horas.

Art. 291. 

La declaración del arrestado será sin juramento, que a nadie ha de tomarse en materias

criminales sobre hecho propio.

Art. 292. 

Infraganti, todo delincuente puede ser arrestado y todos pueden arrestarle y conducirle a

la presencia del juez: presentado o puesto en  custodia, se procederá en todo como se

previene en los dos artículos precedentes.

Art. 293. 

Si se resolviere que al arrestado se le ponga en la cárcel, o que permanezca en ella en

calidad de preso, se proveerá auto motivado, y de él se entregará copia al alcaide para

que la inserte en el libro de presos, sin cuyo requisito no admitirá el alcaide a ningún

preso en calidad de tal, bajo la más estrecha responsabilidad.

Art. 294. 

Sólo se hará embargo de bienes cuando se proceda por delitos que llevan consigo

responsabilidad pecuniaria, y en proporción a la cantidad a que ésta pueda extenderse.

Art. 295. 

No será llevado a la cárcel el que dé fiador en los casos en que la ley no prohíba

expresamente que se admita la fianza.

Art. 296. 

En cualquier estado de la causa que aparezca que no puede imponerse al preso pena

corporal, se le pondrá en libertad, dando fianza.

Art. 297. 

Se dispondrán las cárceles de manera que sirvan para asegurar, y no para molestar a los

presos; así, el alcaide tendrá a éstos en  buena custodia, y separados los que el juez

mande tener sin comunicación; pero nunca en calabozos subterráneos ni malsanos.

Art. 298. 

La ley determinará la frecuencia con que ha de hacerse la visita de cárceles, y no habrá

preso alguno que deje de presentarse a ella bajo ningún pretexto.

Art. 299. 

El juez y el alcaide que faltaren a lo dispuesto en los artículos precedentes, serán

castigados como reos de detención arbitraria, la que será comprendida como delito en el

Código criminal.

Art. 300. 

Dentro de las veinticuatro horas se manifestará al tratado como reo la causa de su

prisión, y el nombre de su acusador, si lo hubiere.

Art. 301. 

Al tomar la confesión al tratado como reo, se le leerán íntegramente todos los documentos y las declaraciones de los testigos, con los nombres de éstos; y si por ellos

no los conociere, se le darán cuantas noticias pida para venir en conocimiento de quiénes

son.

Art. 302. 

El proceso, de allí en adelante, será público en el modo y forma que determinen las leyes.

Art. 303. 

No se usará nunca del tormento ni de los apremios.

Art. 304. 

Tampoco se impondrá la pena de confiscación de bienes.

Art. 305. 

Ninguna pena que se imponga, por cualquier delito que sea, ha de ser trascendental por

término ninguno a la familia del que la sufre, sino que tendrá todo su efecto precisamente

sobre el que la mereció.

Art. 306. 

No podrá ser allanada la casa de ningún español, sino en los casos que determine la ley

para el buen orden y seguridad del Estado.

Art. 307. 

Si con el tiempo creyeren las Cortes que conviene haya distinción entre los jueces del

hecho y del derecho, la establecerán en la forma que juzguen conducente.

Art. 308. 

Si en circunstancias extraordinarias la seguridad del Estado exigiese, en toda la

Monarquía o en parte de ella, la suspensión de algunas de las formalidades prescritas en

este capítulo para el arresto de los delincuentes, podrán las Cortes decretarla por un

tiempo determinado.

TÍTULO VI

DEL GOBIERNO INTERIOR DE LAS PROVINCIAS Y DE LOS PUEBLOS

CAPÍTULO PRIMERO

De los Ayuntamientos.

Art. 309. 

Para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos compuestos de alcalde o

alcaldes, los regidores y el procurador síndico, y presididos por el jefe político donde lo

hubiere, y en su defecto por el alcalde o el primer nombrado entre éstos, si hubiere dos.

Art. 310. 

Se pondrá Ayuntamiento en los pueblos que no le tengan y en que convenga le haya, no

pudiendo dejar de haberle en los que por sí o  con su comarca lleguen a mil almas, y

también se les señalara término correspondiente.

Art. 311. 

Las leyes determinarán el número de individuos de cada clase de que han de

componerse los Ayuntamientos de los pueblos con respecto a su vecindario. Art. 312.

Los alcaldes, regidores y procuradores síndicos se nombrarán  por elección en los

pueblos, cesando los regidores y demás que sirvan oficios perpetuos en los

Ayuntamientos, cualquiera que sea su título y denominación.

Art. 313. 

Todos los años, en el mes de Diciembre, se reunirán los ciudadanos de cada pueblo para

elegir a pluralidad de votos, con proporción a su vecindario, determinando número de

electores que residan en el mismo pueblo y  estén en el ejercicio de los derechos de

ciudadano.

Art. 314. 

Los electores nombrarán en el mismo mes, a pluralidad absoluta de votos, el alcalde o

alcaldes, regidores y procurador o procuradores síndicos, para que entren a ejercer sus

cargos el 1º. de Enero del siguiente año.

Art. 315. 

Los alcaldes se mudarán todos los años, los regidores por mitad cada año, y lo mismo los

procuradores síndicos donde haya dos: si hubiere sólo uno, se mudará todos los años.

Art. 316. 

El que hubiere ejercido cualquiera de estos cargos no podrá volver a ser elegido para

ninguno de ellos sin que pasen, por lo menos, dos años, donde el vecindario lo permita.

Art. 317. 

Para ser alcalde, regidor o procurador síndico, además de ser ciudadano en el ejercicio

de sus derechos, se requiere ser mayor de veinticinco años, con cinco, a lo menos, de

vecindad y residencia en el pueblo. Las leyes determinarán las demás calidades que han

de tener estos empleados.

Art. 318. 

No podrá ser alcalde, regidor ni procurador síndico ningún empleado público de

nombramiento del Rey que esté en ejercicio, no entendiéndose comprendidos en esta

regla los que sirvan en las milicias nacionales.

Art. 319. 

Todos los empleos municipales referidos serán carga concejil, de que nadie podrá

excusarse sin causa legal.

Art. 320. 

Habrá un secretario en todo Ayuntamiento, elegido por éste a pluralidad absoluta de

votos, y dotado de los fondos del común. 

Art. 321. 

Estará a cargo de los Ayuntamientos:

Primero. La policía de salubridad y comodidad. Segundo. Auxiliar al alcalde en todo lo que pertenezca a la seguridad de las personas y

bienes de los vecinos, y a la conservación del orden público.

Tercero. La administración e inversión de los caudales de propios y arbitrios, conforme a

las leyes y reglamentos, con el cargo de nombrar depositario bajo responsabilidad de los

que le nombran.

Cuarto. Hacer el repartimiento y recaudación  de las contribuciones, y remitirlas a la

Tesorería respectiva.

Quinto. Cuidar de todas las escuelas de primeras letras y de los demás establecimientos

de educación que se paguen de los fondos del común.

Sexto. Cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos

de beneficencia, bajo las reglas que se prescriban.

Séptimo. Cuidar de la construcción y reparación de los caminos, calzadas, puentes y

cárceles, de los montes y plantíos del común, y de todas las obras públicas de necesidad,

utilidad y ornato.

Octavo. Formar las Ordenanzas municipales del pueblo y presentarlas a las Cortes para

su aprobación por medio de la Diputación provincial, que las acompañará con su informe.

Noveno. Promover la agricultura, la industria y el comercio, según la localidad y

circunstancias de los pueblos, y cuanto les sea útil y beneficioso.

Art. 322. 

Si se ofrecieren obras u otros objetos de  utilidad común, y por no ser suficientes los

caudales de propios, fuere necesario recurrir a arbitrios, no podrán imponerse éstos sino

obteniendo por medio de la Diputación provincial la aprobación de las Cortes. En el caso

de ser urgente la obra u objeto a que se  destinen, podrán los Ayuntamientos usar

interinamente de ellos con el consentimiento de la misma Diputación, mientras recae la

resolución de las Cortes. Estos arbitrios se administrarán en todo como los caudales de

propios.

Art. 323. Los Ayuntamientos desempeñarán todos estos recargos bajo la inspección de la

Diputación provincial, a quien rendirán cuenta justificada cada año de los caudales

públicos que hayan recaudado e invertido.

CAPÍTULO II

Del gobierno político de las provincias y de las Diputaciones provinciales.

Art. 324. 

El gobierno político de las provincias residirá en el jefe superior, nombrado por el Rey en

cada una de ellas.

Art. 325. 

En cada provincia habrá una  Diputación llamada provincial, para promover su

prosperidad, presidida por el jefe superior.

Art. 326.  Se compondrá esta Diputación del presidente, el intendente y de siete individuos elegidos

en la forma que se dirá, sin  perjuicio de que las Cortes,  en lo sucesivo, varíen este

número como lo crean conveniente, o lo exijan las circunstancias, hecha que sea la

nueva división de provincias de que trata el art. 11. 

Art. 327. 

La Diputación provincial se renovará cada dos años por mitad, saliendo la primera vez el

mayor número, y la segunda el menor, y así sucesivamente.

Art. 328. 

La elección de estos individuos se hará por los electores de partido al otro día de haber

nombrado los Diputados de Cortes, por el mismo orden con que éstos se nombran.

Art. 329. 

Al mismo tiempo, y en la misma forma, se elegirán tres suplentes para cada Diputación.

Art. 330. 

Para ser individuo de la Diputación provincial se requiere ser ciudadano en el ejercicio de

sus derechos, mayor de veinticinco años, natural o vecino de la provincia, con residencia,

a lo menos, de siete años, y que tenga lo suficiente para mantenerse con decencia, y no

podrá serlo ninguno de los empleados de nombramiento del Rey de que trata el art. 318. 

Art. 331. 

Para que una misma persona pueda ser elegida segunda vez, deberá haber pasado, a lo

menos, el tiempo de cuatro años después de haber cesado en sus funciones.

Art. 332. 

Cuando el jefe superior de la provincia no pudiere presidir la Diputación, la presidirá el

intendente, y, en su defecto, el Vocal que fuere primer nombrado.

Art. 333. 

La Diputación nombrará un secretario, dotado de los fondos públicos de la provincia.

Art. 334. Tendrá la Diputación en cada año, a lo más, noventa días de sesiones,

distribuidas en las épocas que más convenga. En la Península deberán hallarse reunidas

las Diputaciones para el 1º. de Marzo, y en Ultramar para el 1º. de junio.

Art. 335. Tocará a estas Diputaciones: 

Primero. Intervenir y aprobar el repartimento hecho a los pueblos de las contribuciones

que hubieren cabido a la provincia.

Segundo. Velar sobre la buena inversión de los fondos  públicos de los pueblos y

examinar sus cuentas, para que con su Vº. Bº. recaiga la aprobación superior, cuidando

de que en todo se observen las leyes y reglamentos.

Tercero. Cuidar de que se establezcan  Ayuntamientos donde corresponda los haya,

conforme a lo prevenido en el art. 310.

Cuarto. Si se ofrecieren obras nuevas de utilidad común de la provincia, o la reparación de las antiguas, proponer al Gobierno los arbitrios que crean más convenientes para su

ejecución, a fin de obtener el correspondiente permiso de las Cortes. En Ultramar, si la

urgencia de las obras públicas no permitiese esperar la resolución de las Cortes, podrá la

Diputación, con expreso asenso del Jefe de  la provincia, usar, desde luego, de los

arbitrios, dando inmediatamente cuenta al Gobierno para la aprobación de las Cortes.

Para la recaudación de los arbitrios, la Diputación, bajo su responsabilidad, nombrará

depositario, y las cuentas de la inversión, examinadas por la Diputación, se remitirán al

Gobierno para que las haga reconocer y glosar y, finalmente, las pase a las Cortes para

su aprobación.

Quinto. Promover la educación de la juventud conforme a los planos aprobados, y

fomentar la agricultura la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos

descubrimientos en cualquiera de estos ramos.

Sexto. Dar parte al Gobierno de los abusos que noten en la administración de las rentas

públicas.

Séptimo. Formar el censo y la estadística de las provincias. 

Octavo. Cuidar de que los establecimientos piadosos y de beneficencia llenen su

respectivo objeto, proponiendo al Gobierno las reglas que estimen conducentes para la

reforma de los abusos que observaren.

Noveno. Dar parte a las Cortes de las infracciones de la Constitución que se noten en la

provincia.

Décimo. Las Diputaciones de las provincias de Ultramar velarán sobre la economía,

orden y progresos de las misiones para la  conversión de los indios infieles, cuyos

encargados les darán razón de sus operaciones en este ramo, para que se eviten

abusos; todo lo que las Diputaciones pondrán en noticia del Gobierno. 

Art. 336. 

Si alguna Diputación abusare de sus facultades, podrá el Rey suspender a los vocales

que la componen, dando parte a las Cortes de esta disposición y de los motivos de ella

para la determinación que corresponda; durante la suspensión entrarán en funciones los

suplentes.

Art. 337. 

Todos los individuos de los Ayuntamientos y de las Diputaciones de provincia, al entrar en

el ejercicio de sus funciones, prestarán juramento, aquéllos en manos del jefe político,

donde le hubiere, o en su defecto del alcalde que fuere primer nombrado, y éstos en las

del jefe superior de la provincia, de guardar la Constitución política de la Monarquía

española, observar las leyes, ser fieles al Rey y cumplir religiosamente las obligaciones

de su cargo.

TÍTULO VII

DE LAS CONTRIBUCIONES

CAPÍTULO ÚNICO:  Art. 338. 

Las Cortes establecerán o confirmarán anualmente las contribuciones, sean directas o

indirectas, generales, provinciales o municipales, subsistiendo las antiguas, hasta que se

publique su derogación o la imposición de otras.

Art. 339. 

Las contribuciones se repartirán entre  todos los españoles con proporción a sus

facultades, sin excepción ni privilegio alguno.

Art. 340. 

Las contribuciones serán proporcionadas a los gastos que se decreten por las Cortes

para el servicio público en todos los ramos. 

Art. 341. 

Para que las Cortes puedan fijar los gastos en todos los ramos del servicio público y las

contribuciones que deban cubrirlos, el Secretario del Despacho de Hacienda las

presentará, luego que estén  reunidas, el presupuesto general de los que se estimen

precisos, recogiendo de cada uno de los demás Secretarios del Despacho el respectivo a

su ramo.

Art. 342. 

El mismo Secretario del Despacho de Hacienda presentará con el presupuesto de gastos

el plan de contribuciones que deban imponerse para llenarlos. 

Art. 343. 

Si al Rey pareciere gravosa o perjudicial alguna contribución, lo manifestará a las Cortes

por el Secretario del Despacho de Hacienda, presentando al mismo tiempo la que crea

más conveniente sustituir.

Art. 344. 

Fijada la cuota de la contribución directa,  las Cortes aprobarán el repartimiento de ella

entre las provincias, a cada una de las cuales se asignará el cupo correspondiente a su

riqueza, para lo que el Secretario del Despacho de Hacienda presentará también los

presupuestos necesarios.

Art. 345. 

Habrá una Tesorería general para toda la Nación, a la que tocará disponer de todos los

productos de cualquiera renta destinada al servicio del Estado. 

Art. 346. 

Habrá en cada provincia una tesorería, en la que entrarán todos los caudales que en ella

se recauden para el Erario público. Estas tesorerías estarán en correspondencia con la

general, a cuya disposición tendrán todos sus fondos.

Art. 347. 

Ningún pago se admitirá  en cuenta al Tesorero general, si no se hiciere en virtud de

decreto del Rey, refrendado por el Secretario del Despacho de Hacienda, en el que se

expresen el gasto a que se destina su importe y el decreto de las Cortes con que éste se

autoriza. Art. 348. 

Para que la Tesorería general lleve su cuenta con la pureza que corresponde, el cargo y

la data deberán ser intervenidos respectivamente por las Contadurías de valores y de

distribución de la renta pública.

Art. 349. 

Una instrucción particular arreglará estas oficinas de manera que sirvan para los fines de

su instituto.

Art. 350. 

Para el examen de todas las cuentas de caudales públicos habrá una Contaduría mayor

de cuentas, que se organizará por una ley especial.

Art. 351. 

La cuenta de la Tesorería general, que comprenderá el rendimiento anual de todas las

contribuciones y rentas, y su inversión, luego que reciba la aprobación final de las Cortes,

se imprimirá, publicará y circulará a las Diputaciones de provincia y a los Ayuntamientos.

Art. 352. 

Del mismo modo se imprimirán, publicarán y circularán las cuentas que rindan los

Secretarios del Despacho de los gastos hechos en sus respectivos ramos.

Art. 353. 

El manejo de la Hacienda pública estará siempre independiente de toda otra autoridad

que aquella a la que está encomendado.

Art. 354. 

No habrá aduanas sino en los puertos de mar  y en las fronteras; bien que esta

disposición no tendrá efecto hasta que las Cortes lo determinen.

Art. 355. 

La deuda pública reconocida será una de las primeras atenciones de las Cortes, y éstas

pondrán el mayor cuidado en que se vaya verificando su progresiva extinción, y siempre

el pago de los réditos en la parte que los devengue, arreglando todo lo concerniente a la

dirección de este importante ramo, tanto respecto a los arbitrios que se establecieren, los

cuales se manejarán con absoluta separación de la Tesorería general, como respecto a

las oficinas de cuenta y razón.

TÍTULO VIII

DE LA FUERZA MILITAR NACIONAL

CAPÍTULO PRIMERO

De las tropas de continuo servicio.

Art. 356. 

Habrá una fuerza militar nacional permanente, de tierra y de mar, para la defensa exterior

del Estado y la conservación del orden interior.

Art. 357. 

Las Cortes fijarán anualmente el número de  tropas que fueren necesarias, según las circunstancias, y el modo de levantar la que fuere más conveniente.

Art. 358. 

Las Cortes fijarán asimismo anualmente el número de buques de la marina militar que

han de armarse o conservarse armados.

Art. 359. 

Establecerán las Cortes por medio de las respectivas ordenanzas todo lo relativo a la

disciplina, orden de ascensos, sueldos, administración y cuanto corresponda a la buena

constitución del ejército y armada.

Art. 360. 

Se establecerán escuelas militares para la enseñanza e instrucción de todas las

diferentes armas del ejército y armada.

Art. 361. 

Ningún español podrá excusarse del servicio militar, cuando y en la forma que fuere

llamado por la ley.

CAPÍTULO II

De las milicias nacionales.

Art. 362. 

Habrá en cada provincia cuerpos de milicias  nacionales, compuestos de habitantes de

cada una de ellas, con proporción a su población y circunstancias.

Art. 363. 

Se arreglará por una ordenanza particular el modo de su formación, su número y especial

constitución en todos sus ramos.

Art. 364. 

El servicio de estas milicias no será continuo, y sólo tendrá lugar cuando las

circunstancias lo requieran.

Art. 365. 

En caso necesario podrá el Rey disponer de esta fuerza dentro de la respectiva provincia;

pero no podrá emplearla fuera de ella sin otorgamiento de las Cortes.

TÍTULO IX

DE LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 366. 

En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las

que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica,

que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles.

Art. 367. 

Asimismo se arreglará y creará el número competente de Universidades y de otros establecimientos de instrucción que se juzguen convenientes para la enseñanza de todas

las ciencias, literatura y bellas artes. 

Art. 368. 

El plan general de enseñanza será uniforme en  todo el Reino, debiendo explicarse la

Constitución política de la Monarquía en todas las Universidades  y establecimientos

literarios donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas.

Art. 369. 

Habrá una Dirección general de estudios, compuesta de personas de conocida

instrucción, a cuyo cargo estará, bajo la autoridad del Gobierno, la inspección de la

enseñanza pública.

Art. 370. 

Las Cortes, por medio de planes y estatutos especiales, arreglarán cuanto pertenezca al

importante objeto de la instrucción pública.

Art. 371. 

Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin

necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna  anterior a la publicación, bajo las

restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes.

TÍTULO X

DE LA OBSERVANCIA DE LA CONSTITUCIÓN, Y MODO DE PROCEDER PARA

HACER VARIACIONES EN ELLA

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 372. 

Las Cortes, en sus primeras sesiones, tomarán en consideración las infracciones de la

Constitución que se les hubieren hecho presentes, para poner el conveniente remedio y

hacer efectiva la responsabilidad de los que hubieran contravenido a ella.

Art. 373. 

Todo español tiene derecho a representar a las Cortes o al Rey para reclamar la

observancia de la Constitución.

Art. 374. 

Toda persona que ejerza cargo público, civil, militar o eclesiástico, prestará juramento, al

tomar posesión de su destino, de guardar la Constitución, ser fiel al Rey y desempeñar

debidamente su encargo.

Art. 375. 

Hasta pasados ocho años después de hallarse puesta en práctica la

Constitución en todas sus partes, no se podrá proponer alteración, adición ni reforma en

ninguno de sus artículos.

Art. 376. 

Para hacer cualquier alteración, adición o reforma en la Constitución será necesario que

la diputación que haya de decretarla definitivamente venga autorizada con poderes especiales para este objeto.

Art. 377. 

Cualquiera proposición de reforma en algún artículo de la Constitución deberá hacerse

por escrito, y ser apoyada y firmada, a lo menos, por veinte Diputados.

Art. 378. 

La proposición de reforma se leerá por tres veces, con el intervalo de seis días de una a

otra lectura, y después de la tercera se deliberará si ha lugar a admitirla a discusión.

Art. 379. 

Admitida a discusión, se procederá en ella bajo las mismas formalidades y trámites que

se prescriben para la formación de las leyes, después de los cuales se propondrá a la

votación si ha lugar a tratarse de nuevo en la siguiente diputación general, y para que así

quede declarado, deberán convenir las dos terceras partes de los votos.

Art. 380. 

La diputación general siguiente, previas las mismas formalidades en todas sus partes,

podrá declarar en cualquiera de los dos años de sus sesiones, conviniendo en ello las

dos terceras partes de votos, que ha lugar al otorgamiento de poderes especiales para

hacer la reforma.

Art. 381. 

Hecha esta declaración, se publicará y comunicará a todas las provincias, y según el

tiempo en que se hubiere hecho, determinarán las Cortes si ha de ser la diputación

próximamente inmediata o la siguiente a ésta la que ha de traer los poderes especiales.

Art. 382. 

Estos serán otorgados por las juntas electorales de provincia, añadiendo a los poderes

ordinarios la cláusula siguiente: “Asimismo les otorgan poder especial para hacer en la

Constitución la reforma de que trata el decreto de las Cortes, cuyo tenor es el siguiente:

(Aquí el decreto literal.) Todo con arreglo a lo prevenido por la misma Constitución. Y se

obligan a reconocer y tener por constitucional lo que en su virtud establecieren.”

Art. 383. 

La reforma propuesta se discutirá de nuevo,  y si fuere aprobada por las dos terceras

partes de Diputados, pasará a ser ley constitucional, y como tal se publicará en las

Cortes.

Art. 384. 

Una diputación presentará el decreto de reforma al Rey para que la haga publicar y

circular a todas las autoridades y pueblos de la Monarquía.  

Cádiz, 18 de Marzo de 1812.--Vicente Pascual, Diputado por la ciudad de Teruel,

presidente.--(Siguen las firmas de los Sres. Diputados)--José María Gutiérrez de Terán,

Diputado por Nueva España, secretario.—José Antonio Navarrete, Diputado por el Perú,

secretario.—José de Zorraquin, Diputado por Madrid, secretario.—Joaquín Díaz Caneja,

Diputado por León, secretario.” 

Por tanto, mandamos a todos los españoles  nuestros súbditos, de cualquiera clase y condición que sean, que hayan y guarden la Constitución inserta, como ley fundamental

de la Monarquía, y mandamos asimismo a todos los Tribunales, Justicias, Jefes,

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticos, de

cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la misma

Constitución en todas sus partes.

Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, haciéndolo imprimir,

publicar y circular.—Joaquín de Mosquera y Figueroa, presidente.—Juan

Villavicencio.—Ignacio Rodríguez de Rivas.—El Conde del Abisbal.

En Cádiz a 19 de Marzo de 1812.—A. D. Ignacio de la Pezuela.

Fuente:
Congreso.es

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